Leyes y Regulaciones

En Colombia los
actores reclaman
sus derechos

A los actores de la televisión colombiana, la gloria no les alcanza para un funeral digno al final de sus días. Por eso no es extraño que a cada rato la comunidad artística tenga que acudir a colectas del público para darles cristiana sepultura.

No siempre fue así. Hasta mediados de los años 80, estuvo vigente un convenio entre la industria y los actores, que les garantizaba regalías por repetición de programas y ventas al exterior. Era una especie de pensión de jubilación. Pero ese pacto se rompió cuando las productoras trajeron a la pantalla chica nuevas generaciones de actores dispuestos a renunciar a todo a cambio de una carrera. Con la promesa de revertir ese proceso, la ex modelo y ex actriz, Lucero Cortés fue elegida en marzo pasado para ocupar una curul en el Congreso de la República, y en julio entró a formar parte de la Comisión V de la Cámara Baja.

La popular actriz Lucero Cortes, hoy congresista.

La primera acción de Cortés como legisladora y miembro de esa corporación pública fue radicar el Proyecto de Ley No. 0184/06, por el cual se adiciona la Ley 23/82, sobre Derechos de Autor.

Era un proyecto sencillo, de dos artículos no más, y muy concretos: “(…) cuando el actor o la actriz hayan transferido sus derechos patrimoniales exclusivos a un productor o a un tercero, se entiende que conservarán, en cualquier caso, tanto el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva por hilo o mediante cualquier otro medio, como por el alquiler que se realice de los soportes audiovisuales, de cualquier naturaleza, actualmente conocidos o que se conozcan en el futuro, en los que se encuentren fijadas o representadas sus interpretaciones o ejecuciones… Estos derechos de remuneración son irrenunciables e intransferibles por acto entre vivos y el pago de la contraprestación económica o tarifa será exigible de la persona o entidad que lleve a efecto el acto de comunicación pública, la puesta a disposición o las operaciones de alquiler al público de las grabaciones u obras audiovisuales … La recaudación y distribución de la remuneración prevista en esta ley se efectuará de manera colectiva, a través de la sociedad de gestión que los actores y actrices constituyan al efecto…”.

Pero la industria no se quedó quieta e impulsó la versión de que la parlamentaria podría ser demandada por conflicto de intereses y llegar a perder su investidura, toda vez que estaría promoviendo una legislación de la cual ella sería beneficiaria directa.

Ante dicha amenaza, la reacción fue inmediata y Cortés retiró el proyecto de ley, que quedó a merced de que alguien de su partido, La U, quiera echarse de enemigo a los canales de televisión y radicarlo de nuevo el año próximo.