| Documento Investigativo |
| La cuerda floja de los derechos de autor |
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| En Iberoamérica Parte I |
por Jorge Otermin
Representantes de entidades de gestión de derechos, de grandes estudios y productores en general, artistas, intérpretes y ejecutantes. Distribuidores y fabricantes de soportes audiovisuales, compañías del sector informático, videográfico y cinematográfico; creadores y autores, canales de TV paga, autores de textos, editoriales y librerías... toda una industria que afronta daños causados por este flagelo. Las emisiones no autorizadas y retransmisiones ilegales se suman a las millonarias pérdidas y acrecientan la crisis de nuestros países. TVMAS le da continuidad a esta importante asignatura pendiente, analizando y presentando estadísticas, a modo de contribución al fortalecimiento de nuestra industria. España y Colombia son invitadas en esta edición, mientras que en las próximas, presentaremos el panorama de México, Brasil, Argentina, Centroamérica y El Caribe.
En España...
¿Los derechos de autor están en peligro?
La Sociedad General de Autores de España (SGAE) recibió 19.560 Euros, procedentes de la radiodifusión y comunicación pública en 2001, apartado que comprende la emisión por televisión y radio, así como la ejecución de obras musicales. Las televisiones privadas aportaron más de 4.898 millones de pesetas, un 18 % más que el año anterior, incremento que guarda estrecha relación con el crecimiento de los ingresos publicitarios de esas entidades.
Los derechos de las plataformas digitales han experimentado un llamativo aumento y corresponden a Canal Satélite Digital, que ha acrecentado notoriamente su cartera de abonados durante el año. Está prevista la firma de un convenio con Vía Digital, el cual comportará la percepción de los derechos desde el inicio de las emisiones.
Con cable operadores
Con los operadores de cable se han mantenido negociaciones durante todo el año, y en los próximos meses, se suscribirán los convenios que contemplan el abono de los derechos desde el inicio de su actividad. La television local de emisión hertziana terrestre ha abonado durante el año 112 millones de pesetas, cerca del 30 % más que el año anterior.
Han percibido derechos procedentes de televisión 78.868 obras musicales y 73.855 audiovisuales, que se han distribuido entre 11.187 socios de la SGAE. En España, y en el ámbito de la Unión Europea, están perfectamente regularizados los derechos de autor. Pero la realidad en la calle es distinta.
La Mesa Antipiratería
El pasado 4 de diciembre, se presentó en Madrid la Mesa Antipiratería de Bienes, Derechos y Productos Culturales y de Entretenimiento, creada con el objetivo de concientizar a la opinión pública, a las administraciones del Estado y al mundo de la enseñanza de que la práctica de la piratería organizada de productos culturales, manifiesta en la copia y venta ilegal de tarjetas de acceso a las plataformas digitales Vía Digital y Canal Satélite Digital, al canal terrestre de pago Canal +, la copia y venta ilegal de libros, software, video juegos, bases de datos, videos, música, etcétera, generan graves pérdidas económicas a la comunidad creativa, pone en peligro la producción artística y perjudica a múltiples sectores.
¿Qué es la Mesa Antipiratería?
Es una mesa común de todos los sectores afectados por la piratería, y encamina sus trabajos a reclamar medidas eficaces y avances legislativos contra el fraude y los delitos de propiedad intelectual. Inicialmente, la mesa nace con 17 miembros, entre los que están representados: entidades de gestión de derechos; empresas y asociaciones que representan a un total de 64 productores fonográficos, multinacionales e independientes; 9.000 artistas, intérpretes y ejecutantes; y 308 representantes y agentes artísticos; que suman el 98 % de los artistas españoles.
Participan distribuidores y autores
En la mesa se integran, así mismo, más de 20 distribuidores de soportes audiovisuales, compañías de informática, distribuidores e importadores videográficos, cinematográficos, 66.000 creadores y autores, 750 editores musicales, cable operadores, fabricantes de soportes, autores de textos, editoriales y librerías.
Datos sumamente reveladores, referidos a los daños sufridos en 2000, suman la cantidad de 130.000 millones de pesetas, sustraídas a sus propietarios, desglosadás del siguiente modo:
Los daños producidos a los productores audiovisuales, por emisiones no autorizadas y retransmisiones ilegales es de 3.850 millones de pesetas, según datos proporcionados por la Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales (EGEDA).
En el ámbito videográfico, según las cifras aportadas por la Federación Antipiratería (FAP), se estima un porcentaje de piratería del 5 % respecto al comercio legal, lo que significa un perjuicio aproximado de 2.500 millones de pesetas, causados por la copia fraudulenta de videocasetes.
En cuanto a los videojuegos, las pérdidas del sector se estiman en 30.000 millones de pesetas, superando el número de unidades piratas vendidas al de originales.
El perjuicio sufrido por ventas ilegales en los programas de ordenador, ascienden a 30.500 millones de pesetas, significando que el 51 % de los programas utilizados en España, son ilegales.
En el sector discográfico, el índice de la piratería es del 15 % de las unidades, implicando unas pérdidas de 15.000 millones de pesetas, según los datos de la Asociación de Fonogramas y Videogramas Española (AFYVE). Esto implica un fraude fiscal aproximado de 3.000 millones de pesetas, sin contar las pérdidas en derechos de autor, que ascienden a 1.200 millones de pesetas, a lo que hay que sumar cierres de tiendas de pequeños distribuidores de música (40 en el último semestre), con las consiguientes pérdidas económicas y de puestos de trabajo.
Todos afectados
Evitar fraudes fiscales,
un desafío de los gobiernos
La piratería afecta por igual a los artistas de primera fila y a los que están empezando su carrera, que llegan a perder hasta el 30 % de los ingresos de sus obras de creación, además de provocar una enorme bolsa de fraude fiscal y pérdidas aproximadas de 130.000 millones anuales a los sectores de la cultura, el entretenimiento y el ocio.
En la venta callejera de material pirata, el vendedor ilegal es una víctima más de las mafias. A menudo, sólo recibe 20 pesetas por cada compacto o vídeo vendido en la calle, debe responder por las mercancías si se las requisan las fuerzas de seguridad; y quien lucra son las redes delictivas organizadas.
La piratería, en definitiva, ataca a los nuevos talentos y creadores, al paralizar las inversiones en nuevos lanzamientos, provoca el secuestro de las obras y el triunfo de los contrabandistas frente al arte.
Educación y uso de las nuevas tecnologías
El propósito de La Mesa Antipiratería, es que, a través de la educación y las nuevas tecnologías, se desarrollen labores de pedagogía contra la piratería. A través de la educación, se adquirirá el compromiso cívico e institucional de luchar contra este delito que atenta contra la propiedad, la cultura, la creación, los derechos morales y los patrimoniales.
¿Promesa?
La Mesa apuesta también firmemente a que España luche abiertamente
contra la piratería y sirva de ejemplo, mientras desempeña la
presidencia europea en el primer semestre de 2002. Y hay más
proyectos en desarrollo: la creación de un Comite de Expertos
Jurídicos –para estudiar avances y modificaciones legislativas en
esta lucha–; la dotación de mejores medios a los cuerpos y fuerzas
de seguridad del estado; la elaboración de un estudio del impacto de
la piratería y el impulso de los sistemas anticopia y de almacenaje.
Un largo camino a recorrer.
Colombia...
¿Cómo es el tema de los derechos de autor?
SEÑALES INCIDENTALES EN EL LIMBO
Las autoridades tienen dudas. Aún existen muchos
interrogantes sobre cómo la Comisión Nacional de Televisión debe
manejar los derechos de autor de las señales que se distribuyen a
través de redes comunitarias y de la TV paga. En especial, de las
señales incidentales. Pero también sobre ciertos derechos que
generan las codificadas
Por Germán Yances
Los derechos de autor es un tema aún lleno de luces y sombras en Colombia. Luego de la pertinaz presión que EU ejerció por años para que el país se decidiera a controlar el uso indebido de señales internacionales de televisión, este es aún un punto pendiente.
En la actualidad, dos sociedades de gestión, Sayco y Acimpro, reclaman de los operadores de televisión por suscripción, el pago de derechos de autor en territorio colombiano, causados por el uso de los contenidos de las señales. Los cableoperadores afirman que eso sería un doble pago, porque los que ellos hacen a los programadores internacionales incluyen derechos de autor. Pero las sociedades de gestión aseguran que ese abono es por el uso de la señal y no por los contenidos.
Al respecto, la Oficina de Derechos de Autor, una división adscrita al Ministerio del Interior, consultada por la CNTV, conceptuó que los operadores sí están obligados a pagar, en Colombia, por el contenido de la señal.
En lo que sí hay claridad meridiana es que quienes distribuyan señales codificadas deben poseer autorización de la CNTV como operadores de televisión comunitaria o de televisión por suscripción o satelital, y tener contrato con el dueño de la señal y pagar derechos de autor.
Bastante menos claro son los derechos por el uso de las señales incidentales. El dilema es que, si por el simple hecho de estar libres en los satélites, cualquiera tiene derecho a recepcionar y distribuir estas señales sin restricciones, o si por el contrario necesita una autorización del dueño de la señal o del dueño de los contenidos.
La Oficina de Derechos de Autor opina que el uso de señales incidentales para distribución requiere de autorización expresa. No así para uso personal. Y esa misma es la posición de la CNTV. Pero ninguna de las 690 comunidades organizadas que distribuyen esas señales, cuenta con esa autorización. El problema es que ese requisito nunca se les impuso antes; y exigirlo y controlarlo hoy, es casi tarea perdida.
Como argumento para no cumplir con ese requerimiento, las comunidades aducen que el menú de señales que distribuyen es muy variable, porque continuamente las incidentales se mueven en los satélites y ellos deben reemplazarlas por otras, por lo cual en esas condiciones es prácticamente imposible cumplir con la autorización.
Por tal motivo, ese es un tema que no trasnocha a la CNTV. La Comisión no presiona a las comunidades organizadas por esas autorizaciones, pero sí lo hace con los operadores de TV comunitaria y con los de TV por suscripción, por el pago de derechos sobre las señales codificadas. .
DERECHOS DE AUTOR INVESTIGADOS
Tenemos entonces que la CNTV investiga a las comunidades organizadas que distribuyen señales codificadas, sin estar autorizadas; a los operadores de TV comunitaria por el pago de derechos de autor y porque distribuyan más canales codificados de los siete habilitados, o canales de temáticas no autorizadas.
Mientras tanto, a los concesionarios de TV por suscripción los investiga por el pago de derechos de autor y por el uso indebido de infraestructura de los competidores.
En todas esas investigaciones por violación de los derechos de autor procede una acción administrativa y otra penal. La primera corre por cuenta de la CNTV y la segunda de la Fiscalía General de la Nación.
De los programadores internacionales, el que más solicita
investigaciones es el canal deportivo ESPN. Y quienes mayormente
violan esos derechos son la TV comunitaria y la TV por suscripción.
Y en términos generales, de lo que más se quejan los programadores
es del subreporte de abonados. No coinciden las cifras entre lo que
declaran ante la CNTV y lo que les reportan a ellos.
No obstante, el tema de los derechos de autor ha venido evolucionando rápido en Colombia. Debido a las presiones internacionales, la Fiscalía General de la Nación creó una Unidad Especial para Delitos contra los Derechos de Autor. Y el procedimiento que se sigue en la actualidad es que la CNTV conoce de los casos, abre investigación y si encuentra mérito da traslado a la Fiscalía. Porque la CNTV no puede hacer allanamientos y no tiene infraestructura para ejercer control y vigilancia.
Tarea ardua de los interesados en esta industria para fortalecer el negocio. Y es que la mayoría de las veces, los culpables están dentro del mismo ámbito. Como versa el dicho: ¿Y al alcalde quien lo ronda?
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